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Carles Puigdemont pasó la noche del domingo y madrugada del lunes en la prisión de Neumünster. El expresidente catalán, perseguido por la Justicia española y detenido el domingo al norte de Alemania, tras una operación de los servicios secretos español y alemán, fue presentado este lunes ante el juez de primera instancia del Tribunal Administrativo de Schleswig-Holstein, quien deberá decidir si lo mantiene o no en la cárcel mientras se decida su entrega a España.
BERLÍN.- El juez le comunicó las razones de su detención y le preguntó si acepta la entrega a España o la recurre. El magistrado alemán tiene 48 horas para decidir si deja al exmandatario catalán en libertad con medidas cautelares mientras se decide su entrega o si lo mantiene en prisión ante el riesgo de una nueva fuga.
La Fiscalía de Schleswig-Holstein, responsable de tramitar la orden europea de detención y entrega (euroorden, el sistema que sustituyó a los tradicionales procesos de extradición entre los países de la Unión Europea), explicó en la noche del domingo que el juez tendrá que hacer otras formalidades, como comprobar la identidad de Puigdemont.
Un Tribunal de Schleswig-Holstein deberá decidir sobre la entrega a España en un plazo máximo de 60 días, prorrogables en asuntos muy complejos siempre y cuando el gobierno alemán notifique a la Unión Europea (UE) las razones de ese atraso. Los procesos de ‘euroorden’ en Alemania duran entre 15 y 45 días.
La situación penal de Puigdemont en Alemania es mucho más compleja que en Bélgica. El Código Penal belga no contempla el delito de ‘rebelión’, el más grave que le imputa la Justicia española. La Justicia alemana no estudiará el fondo del asunto, si Puigdemont es culpable o inocente. Sólo decidirá si los delitos de los que está acusado en España tienen correspondencia con algún delito tipificado en el Código Penal alemán.
El delito de “rebelión” no aparece con ese nombre en las leyes alemanas pero Alemania sí castiga, con entre 10 años y cadena perpetua a quien “intente con violencia o bajo amenaza de violencia perjudicar la continuación de la existencia de la República Federal” o “cambiar el orden constitucional”. En los casos menos graves la pena es de entre 1 y 5 años. También se castiga con entre 1 y 10 años la “preparación” de “alta traición”.
El gobierno alemán intentó desde el domingo desmarcarse de las decisiones judiciales. Al contrario que en los procesos tradicionales de extradición, en la ‘euroorden’ sólo hay decisiones de tribunales, no de los gobiernos. La ministra de Justicia, la socialdemócrata Katharina Barley, indicó que “se sigue un proceso judicial claramente reglamentado y es el que se pone en marcha ahora”.
Políticamente el gobierno español lo tiene mucho más fácil con Alemania que con Bélgica, que ya estudió una petición de entrega de Puigdemont. Un portavoz de Angela Merkel, señaló en la víspera que “España es un país en el que se respeta el Estado de Derecho, un Estado democrático, así que el conflicto se debe resolver en base al derecho español”.
ESPAÑA NEGÓ QUE INDEPENDENTISTAS CATALANES SEAN PRESOS POLÍTICOS
El ministro español del Interior, Juan Ignacio Zoido, negó este lunes que los líderes independentistas catalanes que están en prisión o sujetos a proceso judicial sean presos políticos, ya que “no están en la cárcel por sus ideas”.
El funcionario fue cuestionado sobre la detención el domingo en Alemania del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, acusado en España de rebelión y malversación de fondos públicos.
Respondió que la captura del líder independentista es fruto de la aplicación del mecanismo de cooperación judicial en la Unión Europea (UE), una vez que el Tribunal Supremo de España procesó a los principales dirigentes secesionistas.
Además de ordenar el ingreso en prisión de cinco de los principales líderes independentistas, el juez español Pablo Llarena, dictó la euroorden de detención contra Puigdemont, quien desde noviembre residía en Bruselas para evitar su detención.
“Las personas procesadas o en prisión no lo están por sus ideas, sino por sus actuaciones de las que han sido advertidos de manera reiterada en los últimos meses haciéndoles saber que eran constitutivos de delitos y tendrían consecuencias ante los tribunales”, declaró Zoido.
Subrayó que nadie está por encima de la ley “sea cual sea su formación política o puesto en el gobierno; en España hay una Constitución desde 1978 y no hay presos políticos” y la justicia está garantizada por la independencia del poder judicial.
CONVOCAN PARA ESTE MIÉRCOLES UN PLENO PARA DEBATIR POSIBLE INVESTIDURA DEL EXGOBERNANTE
La detención de Carles Puigdemont, en territorio alemán aceleró los movimientos en el bloque independentista. Junts per Catalunya, ERC y la CUP quieren que el Parlament reconozca “el derecho” de Puigdemont y Jordi Turull a ser investidos presidentes de la Generalitat, una iniciativa que se debatirá este miércoles en el pleno que el presidente de la Cámara, Roger Torrent, ha convocado.
La primera de las dos resoluciones de los grupos independentistas reclama que el Parlament, se comprometa a “adoptar todas las medidas necesarias” para que tanto Puigdemont como Turull, “puedan ejercer sus derechos políticos en cumplimiento del artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos”, incluyendo “el derecho a someter a debate y votación plenaria su candidatura a ser investido presidente de la Generalitat”.
Una iniciativa que no tiene efectos más allá de la declaración política. Aun así, el PP solicitó que la Mesa del Parlament reconsidere la admisión a trámite de este punto. La resolución también solicita que la Cámara catalana reclame la puesta en libertad inmediata de los diputados en prisión provisional.
Mientras tanto, JxCat busca la manera de investir a Puigdemont, tal y como adelantó la diputada Elsa Artadi. Una opción que ERC recibió con frialdad. Pese a reconocer el derecho del presidente cesado a ser investido, los republicanos prefieren esperar a que las incógnitas sobre su futuro se disipen, ahora que está detenido en Alemania.
