ADN Digital
Artículos relacionados
ASUNCIÓN- La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) respondió a las acusaciones lanzadas por el senador liberal Salyn Buzarquis, quien afirmó que altos directivos del ente, con la complicidad de sus funcionarios, reciben aproximadamente 500.000 dólares en coimas por permitir el robo de energía para criptominería ilegal.
En un comunicado oficial, ANDE rechazó categóricamente estas acusaciones, señalando que carecen de elementos objetivos que las sustenten. “Esta administración se ha caracterizado por instalar un combate frontal en la persecución de este tipo de hechos punibles, en especial a las instalaciones que desarrollan la actividad de criptominería de manera ilegal”, asegura el documento.
https://x.com/ANDEOficial/status/1808638141483401360
Como prueba de su compromiso en la lucha contra la criptominería ilegal, ANDE mencionó la existencia de 71 causas penales abiertas por sustracción de energía eléctrica en todo el país. Estas denuncias, presentadas por el mismo ente estatal ante el Ministerio Público, resultaron en la incautación de más de 9.410 procesadores de datos, 24 transformadores y diversos conductores utilizados para el robo de electricidad, destacan desde la institución.
El comunicado también resalta la colaboración de ANDE con el Ministerio Público en estos casos, brindando toda la información y apoyo necesarios para el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, independientemente de su identidad.
Además, ANDE subraya que el Poder Ejecutivo, a propuesta de la entidad, promovió una modificación del artículo 173 del Código Penal Paraguayo para criminalizar la sustracción de energía eléctrica, elevando la pena privativa de libertad hasta 10 años. Este proyecto ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.
“Estas actuaciones rebaten por completo las aseveraciones esgrimidas por el citado parlamentario y demuestran la firme decisión institucional de combatir en forma decidida este flagelo que ocasiona un grave perjuicio patrimonial a la institución y afecta considerablemente la calidad y confiabilidad del servicio brindado a la ciudadanía”, concluye el comunicado.
