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ASUNCIÓN- En entrevista con el programa “Así son las cosas”, por la emisora Universo 970 AM-Nación Media y Canal GEN, el abogado Pedro Ovelar se refirió a la desestimación por parte del Ministerio Público de la denuncia presentada contra la funcionaria de la Cámara de Diputados, Montserrat Alliana, hija del vicepresidente de la República, Pedro Alliana. Según Ovelar, la investigación fue exhaustiva y minuciosa, revisando cada aspecto de la conducta de la joven y la conclusión es que “no hay hecho punible”.
“Fue una investigación muy profunda de parte del Ministerio Público respecto a la conducta de mi representada, Montserrat Alliana. Analizaron desde su nombramiento, todo el tiempo que estuvo trabajando hasta que fue denunciada, incluso la remuneración recibida. Revisaron dónde prestaba servicios, la ubicación de su teléfono celular, los permisos que obtuvo, tanto particulares como de salud, y las entradas y salidas del país para ver si coincidía con el tiempo en que figuraba como trabajando. Lo más importante fue el análisis jurídico sobre la atipicidad, es decir, que su conducta desde su nombramiento, el cargo que ocupa y la remuneración que recibe están acordes a la ley y que no hay ningún hecho punible en el cual haya incurrido, tanto ella como también el diputado y presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre,” explicó Ovelar.
La denuncia, presentada por los abogados Teresa Flecha, Esther Roa y Jorge Rolón Luna, acusaba a Montserrat Alliana y otros de nepotismo, administración en provecho propio, cobro indebido de honorarios y lesión de confianza, especificó el abogado. Sin embargo, Ovelar considera que la denuncia tenía un fin político y mediático, sin bases jurídicas sólidas.
“En una denuncia que tenía únicamente por fin una aparición en el espectro mediático como para llamar la atención de algunos medios que la siguieron con mucha fuerza, pero totalmente político, nada de jurídico. El Ministerio Público, con la investigación y el análisis realizado, echa por tierra cualquier tipo de entidad a esta denuncia,” afirmó Ovelar.
El próximo paso en el proceso es que el caso pase al Poder Judicial. Rodrigo Estigarribia, el juez asignado, tiene dos opciones: desestimar el caso directamente o darle trámite para que vaya a la Fiscalía General. En este último caso, un fiscal adjunto deberá ratificar o rectificar el requerimiento del fiscal, con la posibilidad de que los mismos fiscales que dictaminaron anteriormente también revisen la cuestión, explicó.
