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ASUNCIÓN- La imposición de medidas para el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, quedó suspendida en el marco de la causa por lesión de confianza, que lo vincula con el presunto direccionamiento de adjudicaciones a personas de su entorno cercano. La audiencia, programada para ser llevada a cabo por el juez Humberto Otazú, fue pospuesta debido a la falta de resolución de dos recursos por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Esta es la segunda causa judicial que enfrenta Prieto. En la primera, ya está acusado y se espera la elevación del caso a juicio oral y público. En el presente caso, Prieto, junto a otros 11 implicados, está imputado por los delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Se les acusa de formar parte de un esquema liderado por Prieto para desviar fondos municipales, causando un perjuicio patrimonial de 306.188.500 guaraníes destinados a la compra de insumos para la Panadería Municipal.
Además de Prieto, los otros procesados incluyen a Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; y Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la Municipalidad.
También están involucrados Sebastián Martínez Insfrán, entonces director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la Municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez; Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio; y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.
LOS ANTECEDENTES
Según los antecedentes de la causa, Prieto, como ordenador de gastos y administrador general de la comuna, junto con su equipo, habría convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción entre marzo y junio de 2020, con el objetivo de adquirir insumos para la fabricación de panificados destinados a familias de escasos recursos, en el contexto de la pandemia de Covid-19.
No obstante, las evidencias recolectadas indican que todo el proceso de compra pública habría sido amañado para favorecer a una estructura jurídica funcional al intendente.
